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La disyuntiva entre las concesiones privadas en los servicios públicos o la desprivatización

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Una vez más se pone en primer plano la falta de cumplimiento de los servicios públicos en manos de empresas privadas. En este caso, la distribuidora EDESUR es nuevamente la compañía apuntada por su mal desempeño.

La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, a través del defensor Guido Martín Lorenzino Matta y en representación de distintos usuarios de la provincia, envió una presentación al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en la que le solicita revocarle la concesión a EDESUR.

En ella manifiesta que “Edesur S.A. no cumple con la prestación adecuada del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad” y que las instancias de diálogo “están agotadas”.

“Permanentes interrupciones en el suministro de energía eléctrica en vastos sectores de la población y que los mismos se han visto incrementados en los últimos días, con la agravante de la situación de pandemia que es de público conocimiento, así como la falta de cumplimiento de planes de inversión propuestos, mejora de las zonas y barrios que se encuentran a la espera de tendido de red eléctrica”, son algunos de los objetos presentados por la Defensoría.

Si bien existen muchas clases de servicios públicos, dependiendo de las prioridades definidas por el Estado, en Argentina el artículo 24 de la Ley 25.877 considera como esenciales “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”, de lo que se desprende su condición de estar ligados de manera estrecha con el derecho a vivir dignamente.

 

Adjuntamos Presentación de la Defensoría del Pueblo 
 
 
Por otro lado, Américo García, vicepresidente de la Fundación Acción para la Comunidad, manifestó su visión del tema en “Regulación y calidad del servicio eléctrico en el espejo de EDENOR y EDESUR” OETEC. 08/06/2020.

Allí manifiesta en concordancia con el defensor del Pueblo, Guido Martín Lorenzino Matta, en considerar que “los instrumentos internacionales establecen que el suministro eléctrico domiciliario de electricidad es un servicio indispensable para la salud y la vida digna, que está expresamente comprendido dentro de la noción de vivienda adecuada, así como una mejora continua de las condiciones de existencia material está desarrollada por el sistema de protección de derechos humanos (arts. 14 bis y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y art. 11, Protocolo de San Salvador)”.

 

A partir de allí plantea, además de un resumen de la falta de cumplimiento por parte de EDESUR, una serie de opciones concretas para mejorar la relación distribuidora de electricidad-usuario con el protagonismo del Estado Nacional. 
 
 
Adjuntamos Nota de Américo García 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Clarín  
Actualizado ( Miércoles, 11 de Noviembre de 2020 20:57 )  
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